CAPPRO plantea una hoja de ruta gradual para consolidar el agregado de valor de la soja con biodiésel
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La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) considera que la política de biocombustibles representa una oportunidad para profundizar la industrialización de la soja en Paraguay, aunque sostiene que su implementación debe sustentarse en criterios técnicos, previsibilidad regulatoria y una transición gradual que permita la adaptación de toda la cadena.
Desde la organización gremial señalan que procesar localmente la soja para obtener aceite y posteriormente transformarlo en biodiésel permite avanzar hacia productos de mayor valor agregado, con potencial para generar inversiones, empleo y desarrollo tecnológico dentro del país.
En este contexto, CAPPRO plantea que el desarrollo de los biocombustibles debe construirse mediante el diálogo entre los distintos actores involucrados: productores, industrias, distribuidores de combustibles, fabricantes de motores, transportistas y autoridades públicas.
La cámara sostiene que Paraguay dispone de capacidad industrial para acompañar un crecimiento de la demanda de aceite destinado a la producción de biodiésel. A partir de esta condición, considera que existe una oportunidad para sustituir progresivamente la exportación de materias primas por productos procesados localmente.
Para el gremio, el objetivo de la política no debería limitarse al aumento del consumo de biodiésel, sino formar parte de una estrategia más amplia de industrialización y fortalecimiento de la competitividad de la agroindustria paraguaya.
La mezcla obligatoria y la transición del mercado
El posicionamiento de CAPPRO se da en el marco de los ajustes realizados por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) sobre el porcentaje obligatorio de biodiésel en el Gasoil Tipo III (Común).
En julio, el MIC había dispuesto inicialmente elevar la mezcla obligatoria a un rango de entre 8% y 10%. Posteriormente, tras las mesas de trabajo con los sectores involucrados, estableció de manera transitoria una mezcla mínima del 7% hasta el 31 de diciembre de 2026.
La modificación busca otorgar mayor tiempo para la adecuación técnica del mercado, ante planteamientos vinculados principalmente con infraestructura, equipos y compatibilidad de determinados motores.
La normativa establece que, a partir del 1 de enero de 2027, el porcentaje mínimo volverá al 8%, un esquema que, según CAPPRO, permite a los diferentes actores contar con mayor previsibilidad para planificar inversiones y procesos de adaptación.
El desafío: una política estable para industrializar
Para CAPPRO, el proceso de implementación demuestra la importancia de incorporar diálogo y criterios técnicos en la aplicación de políticas públicas que involucran a toda la cadena agroindustrial.
La organización gremial considera que, más allá del porcentaje específico de mezcla, el desafío consiste en establecer una hoja de ruta estable que permita generar confianza para nuevas inversiones y aprovechar el potencial de Paraguay para producir alimentos, energía renovable y productos con mayor valor agregado.
El presidente de CAPPRO, Raúl Valdez, sostuvo que el desarrollo de los biocombustibles debe entenderse como parte de una estrategia nacional de industrialización. Bajo esta perspectiva, el objetivo no sería únicamente incrementar el uso de biodiésel, sino generar mayor valor dentro del país, crear empleo, atraer inversiones y fortalecer la competitividad de la cadena agroindustrial.