“La invasión de tierras o comisión de delitos no puede ser la vía para legalizar la propiedad”
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La Asociación Rural del Paraguay (ARP) destacó la decisión judicial que dispuso la apertura a juicio oral y público de la causa penal seguida contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la acusación fiscal como uno de los principales dirigentes de la ocupación de inmuebles pertenecientes a Agroganadera Pindó S.A., en el departamento de Canindeyú.
Sin embargo, el pronunciamiento del gremio fue más allá del avance judicial. En un comunicado emitido este 29 de octubre, la ARP insistió en la necesidad de garantizar el respeto a la propiedad privada y sostuvo que la ocupación de tierras no puede convertirse en un mecanismo para adquirir derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes.
La resolución judicial fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026, por el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty. El juzgado rechazó los incidentes promovidos por la defensa y admitió las acusaciones por los presuntos hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
Para la ARP, la apertura a juicio oral y público representa un avance procesal relevante en una causa iniciada en 2012, cuya prolongación durante más de catorce años pone de relieve la necesidad de fortalecer la respuesta de las instituciones del Estado y garantizar la protección efectiva de los derechos constitucionales.
La entidad aclaró que la apertura a juicio no constituye una declaración de culpabilidad. Las eventuales responsabilidades deberán determinarse durante el proceso judicial, con pleno respeto al debido proceso y a las garantías legales correspondientes.
En su comunicado, la ARP recordó que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece que la propiedad privada es inviolable. Según el gremio, el respeto a este derecho es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, promover las inversiones y sostener el desarrollo de las actividades agropecuarias y agroindustriales.
La asociación sostuvo que las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos. En ese sentido, advirtió que la ocupación de inmuebles o la comisión de presuntos hechos punibles no deben convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la ley.
El gremio también señaló que la seguridad jurídica requiere más que el reconocimiento formal de los derechos: demanda una actuación oportuna y eficaz de las instituciones, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
La posición de la ARP pone el foco en la importancia de contar con reglas claras y garantías legales para quienes trabajan e invierten en el campo paraguayo.
La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan condiciones estables para desarrollar sus actividades, invertir en infraestructura, ampliar la producción y generar empleo. Para el gremio, la protección de la propiedad privada es una de las bases que permiten sostener esas inversiones y crear oportunidades económicas en el país.
En este contexto, la entidad reclamó el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, con respeto a la Constitución, los tratados internacionales ratificados por Paraguay y las demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Carta Magna.
La ARP remarcó que su planteamiento no busca un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla sus funciones constitucionales con independencia, garantice la igualdad ante la ley y administre justicia respetando el debido proceso.
A los poderes del Estado:
Finalmente, la Asociación Rural del Paraguay exhortó a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse en un marco de legalidad y paz social.
El caso Estancia Pindó vuelve a poner en discusión la relación entre el respeto a la propiedad privada, la actuación de las instituciones y las condiciones necesarias para el desarrollo productivo. Para el sector agropecuario, contar con garantías efectivas sobre sus derechos es un elemento importante para preservar la confianza de los inversionistas y sostener el crecimiento de la producción nacional.
“Defender la propiedad privada es defender la inversión, el trabajo y el futuro productivo del Paraguay”, concluyó la ARP.